BRUSELAS, 14 Abr. – Los negociadores del Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político para reforzar la protección del acero europeo frente al impacto de la sobreproducción global. Este acuerdo implica un recorte del 47% en el volumen de importaciones que pueden entrar sin arancel y un aumento del impuesto sobre el acero que supere ese límite, que se elevará hasta el 50%.
El pacto, que deberá ser formalmente adoptado por ambas instituciones, establece un nuevo marco que sustituye a las actuales salvaguardas vigentes desde 2018, las cuales expiran en junio de este año. El objetivo principal de esta medida es proteger al sector europeo frente a la presión derivada del exceso de oferta en los mercados internacionales.
Detalles del Nuevo Sistema de Importación
En concreto, el nuevo sistema fijará en 18,3 millones de toneladas anuales el volumen de acero que podrá entrar sin arancel en el mercado comunitario. Las importaciones que excedan dicho umbral estarán sujetas a un arancel del 50%, en comparación con el 25% actual.
Según Bruselas, esta medida permitirá hacer frente a los efectos del exceso de producción mundial, que podría alcanzar los 721 millones de toneladas en 2027, más de cinco veces el consumo anual de acero de la UE.
Mejoras en la Trazabilidad y Revisión del Sistema
Por otro lado, el acuerdo también introduce nuevos requisitos para mejorar la trazabilidad del acero importado, lo que permitirá identificar el país de origen y tener en cuenta este factor al asignar las cuotas.
Los colegisladores han acordado reforzar el sistema de revisión de la norma, de modo que la Comisión evaluará en un plazo de seis meses si es necesario ampliar el alcance de los productos cubiertos, con nuevas revisiones periódicas en función de la evolución del mercado.
Compatibilidad con Normas Internacionales
El nuevo marco mantendrá la compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y contempla cierta flexibilidad para las empresas. Por ejemplo, se permitirá trasladar cuotas no utilizadas entre trimestres durante el primer año de aplicación.
Tanto el Parlamento y el Consejo como la Comisión han subrayado que el objetivo es garantizar la viabilidad a largo plazo de un sector estratégico para la economía europea, que según afirman, emplea a cientos de miles de trabajadores y que consideran clave para ámbitos como la defensa o la transición energética.
