MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) – La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante las autoridades de consumo de las distintas comunidades autónomas, señalando «malas prácticas» detectadas en ocho festivales de música al aire libre.
Concretamente, los festivales afectados son el Degusta Fest en Granada, el Icónica Fest en Sevilla, el Bella Festival en Marbella, el Boombastic Costa del Sol en Málaga, el FIB en Benicàssim, el Movida Sound en Barbate, Dreambeach en Almería y el Reggaetón Millennial Fest en Alicante.
La OCU denuncia que la mayoría de estos festivales imponen una comisión de entre 2 y 3 euros para devolver el saldo de las pulseras cashless, un método de pago obligatorio que limita el derecho de los asistentes a usar efectivo. Adicionalmente, se ha mencionado que a veces se establece un plazo muy corto para solicitar dicha devolución.
Otra de las controversias que ha señalado la OCU es el cobro de un recargo por salir y volver a entrar al festival, una práctica que consideran «común» y que no ofrece ningún servicio adicional. Este cobro puede llegar a ser de hasta 35 euros, lo que podría constituir una retención ilegal.
Además, la OCU ha advertido que resulta «abusivo» no contemplar la opción de devolución de las entradas por causas climatológicas o cambios en el cartel del festival. Tal y como indican, los artistas que se presentan son el principal atractivo que motiva a los usuarios a adquirir entradas.
La prohibición de ingresar con alimentos y bebidas es otra de las «malas prácticas» que la OCU ha calificado como «abusiva». Argumentan que la esencia del festival es artística y musical, no alimentaria. No obstante, la organización ha observado que esta prohibición se está volviendo menos frecuente y se menciona en las normativas de ciertas comunidades autónomas.
Reclama sanciones y obligación de devolver cargos
La OCU ha instado a las autoridades competentes en materia de consumo que impongan sanciones a las empresas involucradas y les ordenen devolver los cargos que consideran «indebidamente cobrados».
La organización afirma que lo ideal sería que el Ministerio de Consumo desarrollara una normativa uniforme sobre los derechos de los asistentes a estos eventos, estableciendo además compensaciones automáticas en casos de malas prácticas. En este sentido, señala que, excepto en el caso de Asturias, la legislación autonómica suele favorecer a los promotores de festivales y es permisiva frente a estas situaciones.
Finalmente, han animado a los afectados a solicitar hojas de reclamaciones si se encuentran con dificultades, indicando que, si el establecimiento no cuenta con ellas, deben llamar a la Policía Local para que tomen medidas. La OCU también ha recordado que situaciones como la cancelación de un festival o cambios de última hora en el cartel podrían conllevar no solo el reembolso del importe de la entrada, sino también la opción de reclamar por daños y perjuicios, incluyendo gastos derivados del traslado de los asistentes.
