Publicado 11/12/2025 – 13:57 CET
• Última actualización 19:01
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), integrada en la Policía Nacional, registraron este jueves la sede de la aerolínea Plus Ultra en Madrid. Esta acción se enmarca dentro de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales, que ha culminado con la detención del propietario, Julio Martínez, y del consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli.
El registro fue llevado a cabo por orden del Juzgado de Instrucción número 15, que mantiene la causa bajo secreto de sumario. Esta actuación forma parte de diligencias recientemente reactivadas, centradas en posibles irregularidades económicas vinculadas a la actividad empresarial de Plus Ultra.
Fuentes policiales han indicado que la investigación no guarda relación con otro caso sobre presuntas irregularidades en contratos públicos que ha derivado en detenciones y registros en diferentes empresas. En el caso de Plus Ultra, el trabajo de la UDEF se concentra en la recopilación de documentación contable, fiscal y societaria que pueda esclarecer movimientos económicos sospechosos.
La intervención en las oficinas de la compañía incluyó la revisión de archivos internos y el acceso a sistemas informáticos para reconstruir las operaciones financieras bajo investigación. Hasta el momento, no se han comunicado imputaciones formales ni se han identificado públicamente a posibles responsables.
Un rescate polémico
Según información publicada por ‘El País’, la Fiscalía de Madrid decidió reactivar diligencias relacionadas con el rescate de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra en 2021 durante la crisis de la pandemia. Esa investigación fue archivada en 2023 debido a errores procesales, pero el Ministerio Público la retomó tras revisar documentación económica vinculada a la aerolínea.
La controversia en torno al rescate se intensificó ya que Plus Ultra operaba en ese momento con una presencia limitada en el mercado español y mantenía parte de su estructura accionarial en manos de inversores extranjeros. Esto llevó a varios grupos parlamentarios a cuestionar si realmente podía considerarse una empresa estratégica. El Gobierno defendió en su momento que la ayuda se ajustaba a los criterios del fondo de solvencia diseñado para sostener compañías afectadas por la pandemia, pero las dudas sobre la relevancia económica de la aerolínea impulsaron un intenso debate público y solicitudes de fiscalización adicionales.
La compañía mantiene vínculos societarios con inversores en Venezuela, un aspecto que ha captado la atención mediática y política desde la concesión de la ayuda estatal. Fuentes consultadas por el diario afirman que el reinicio de las diligencias no implica necesariamente que existan nuevos indicios penales, sino que responde a la necesidad de aclarar operaciones anteriores que no fueron completamente examinadas.
Plus Ultra ha declarado que está colaborando con las autoridades y que ha proporcionado toda la documentación solicitada por los agentes. La aerolínea ha señalado que el registro no ha afectado a su actividad operativa y que sus vuelos continúan con normalidad. El juzgado prevé nuevas actuaciones en los próximos días para determinar si los movimientos financieros investigados constituyen un delito de blanqueo de capitales.
