MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) – La Sala de Apelación del Tribunal Supremo (TS) ha respaldado la decisión del instructor Leopoldo Puente de dividir sus pesquisas sobre el ‘caso Koldo’ para investigar por separado los presuntos amaños de obra pública, desestimando así el recurso presentado por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien alegó que sus reclamaciones «nada tienen que ver» con la apertura de una pieza separada.
Ábalos cuestionaba la decisión de Puente de abrir una pieza separada para indagar en las presuntas adjudicaciones irregulares de obras públicas, con el objetivo de avanzar en la pieza principal que se refiere a las supuestas ilegalidades en los contratos otorgados por el Ministerio de Transportes para la adquisición de material sanitario durante la pandemia.
El instructor justificó esta medida para continuar la investigación a «dos velocidades», dado que la indagación sobre las obras públicas se encontraba en una fase embrionaria y el resto de las acusaciones avanzaban con rapidez. De hecho, poco después de dividir la causa, Puente propuso juzgar a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por la compra de material sanitario. Los dos primeros enfrentan penas de hasta 30 años de prisión, mientras que para el presunto intermediario la Fiscalía y las acusaciones piden 7 años de cárcel.
La Sala de Apelación considera suficientes los argumentos de Puente para separar la parte relacionada con las obras públicas, reprochando a Ábalos que «todas las quejas» que plantea «cuestionan no las razones para la formación de la pieza separada, sino la suficiencia del material indiciario que sustenta los diferentes hechos que forman parte de la presente causa especial».
Los magistrados afirmaron que esto por sí mismo sería suficiente para rechazar su recurso «sin mayores razonamientos», pero decidieron abordar los demás reproches de Ábalos, criticando que su defensa «realiza una serie de alegaciones que nada tienen que ver» con la apertura de una línea de investigación propia, alegaciones que «ya han sido desestimadas en distintas resoluciones».
En un punto relevante, la Sala de Apelación observa que Ábalos denuncia que «se ha ido obteniendo información sobre hechos ajenos a lo que se estaba investigando, fruto de la utilización de técnicas excepcionales de investigación», como «la interceptación de las comunicaciones» y «la incautación indiscriminada de documentación».
Asimismo, le recrimina haber criticado el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su economía, finanzas y patrimonio, cuando este aún no había sido presentado al momento de formular el recurso de apelación que ahora se rechaza, llegando a afirmar que no se había encontrado «nada extraño» que lo pudiera incriminar.
Los magistrados le contestan: «Sin duda la lectura del informe de 3 de octubre de 2025 le va a dificultar mantener tan concluyente afirmación». En dicho informe, al que tuvo acceso, la UCO señalaba la existencia de una fuente de ingresos desconocida que García gestionaría en favor de Ábalos.
La «Credibilidad» de Aldama
Los magistrados también responden al ataque de la defensa de Ábalos sobre «la credibilidad de Aldama, tantas veces cuestionada», pero que la Fiscalía y las acusaciones populares han tenido en cuenta al formular sus escritos de acusación, reclamándole solo 7 años de cárcel por su «confesión» que destapó la presunta trama de amaño de obras.
La Sala afirma: «Tiempo habrá para valorar sus afirmaciones y su concordancia con el resto del material probatorio que se va acumulando», y aclara que dicha concordancia «parece evidente que ya se viene produciendo».
Asimismo, se desestiman las dudas planteadas por Ábalos sobre las grabaciones realizadas por Koldo entre 2019 y 2023 de sus conversaciones con su jefe o el también exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que constituyen una de las principales pruebas de la causa.
Finalmente, la Sala de Apelación desestima igualmente las explicaciones de Ábalos respecto al chalet de La Alcaidesa (Cádiz) y el alquiler de la vivienda de su expareja, Jésica Rodríguez, operaciones inmobiliarias que el instructor señala como presuntos pagos en especie de la trama, así como «el sobre intervenido por la Guardia Civil (¡otra vez!)» que iba dirigido al exministro.
