BRUSELAS, 11 Nov. (EUROPA PRESS) – La Comisión Europea ha incluido a España entre los cuatro países del bloque que, por estar bajo una mayor presión migratoria, pueden apelar a la solidaridad de sus socios y activar el mecanismo previsto en el nuevo Pacto de Migración y Asilo para que parte de los migrantes llegados irregularmente a su territorio sean reubicados en otros Estados miembro.
Así consta en el primer informe anual sobre la situación migratoria en la Unión Europea, un documento que no hace públicos los cupos de reubicación a los que podrían acceder los países en cuestión una vez esté plenamente en aplicación el Pacto migratorio; una reforma cuya entrada en vigor está prevista para junio de 2026. Sin embargo, hay países como Hungría o Polonia que aún no han presentado sus planes nacionales, un paso previo necesario para la aplicación del pacto.
En concreto, Bruselas identifica a España e Italia como países bajo una gran presión migratoria debido al número «desproporcionado» de llegadas irregulares, principalmente por las operaciones de búsqueda y rescate en alta mar durante el pasado año. Asimismo, Grecia y Chipre también son considerados bajo presión por un «nivel desproporcionado de llegadas» en el mismo periodo.
Esta clasificación no implica la activación automática del mecanismo por parte de los cuatro Estados miembros, sino que los hace «elegibles» para acogerse a la «reserva de solidaridad» prevista en la reforma migratoria. El comisario de Interior y Migración, Markus Brunner, ha afirmado que «no es perfecto», pero que «es mejor que nada.»
La propuesta de Bruselas para el reparto de la carga en la acogida de demandantes de asilo debía ser presentada en octubre, pero el comisario optó por aplazarlo sin fecha, debido a las reservas expresadas por varios Estados miembros a aceptar ser parte de los socios solidarios, entre ellos Bélgica, Finlandia o Países Bajos.
El mecanismo en cuestión, que no será aplicable hasta que entre en vigor el Pacto migratorio, permite que esa solidaridad se aplique de manera «flexible» con el objetivo de trasladar al menos 30.000 migrantes cada año. De esta forma, los países podrán negarse a recibir a parte de los candidatos a ser reubicados a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos de valor equivalente.
El informe del Ejecutivo comunitario proporciona la base legal para recurrir al mecanismo de reubicación una vez esté formalmente en marcha, aunque los cupos de reubicación dependerán de una decisión adoptada por el Consejo, es decir, por los gobiernos de los Estados miembros.
Antes de ello, los gobiernos deberán presentar sus «compromisos de contribución» de acuerdo a los criterios de reparto justo establecidos por el Pacto y podrán elegir la forma de su solidaridad, ya sea acogiendo reubicados, haciéndose cargo de deportaciones decididas, ofreciendo apoyo financiero o llevando a cabo otras medidas alternativas, incluso combinando varias de ellas.
Riesgo de presión para otra docena de países
La Comisión también identifica a una docena de países en «riesgo» de sufrir presión migratoria en el futuro, ya sea por el número de llegadas o por las tensiones sobre sus sistemas. Estos países son: Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Finlandia. Además, estos estados tendrán acceso prioritario a los instrumentos de ayuda previstos por la UE.
Por su parte, Bulgaria, República Checa, Estonia, Croacia, Austria y Polonia podrán solicitar al Consejo una reducción, ya sea parcial o total, de sus obligaciones con el mecanismo de reubicación el próximo año, en función de la presión acumulada.
En la presentación del informe, Brunner enfatizó la importancia del pacto para «reconstruir» la confianza perdida entre los Estados miembros en materia migratoria, después de que «algunos sientan que otros han ignorado las reglas». También subrayó que, tanto el mecanismo de solidaridad como otros elementos de la reforma, buscan «recuperar la confianza y recuperar el control».
Ante la prensa, el comisario aclaró que la reserva para reubicaciones es solo una parte de la respuesta a la presión migratoria sobre los países de la Unión Europea. En este sentido, Brunner mencionó tres corrientes clave: el alto número de cruces ilegales desde las rutas del Mediterráneo, los más de 4 millones de ucranianos con protección temporal acogidos en el territorio comunitario desde el inicio de la guerra, y las diversas formas de «instrumentalización» de la migración con las que actores externos como Rusia o Bielorrusia intentan desestabilizar a la UE.
A pesar de esto, la Comisión Europea reconoce que los datos del último año (entre julio de 2024 y junio de 2025) apuntan a una «mejora» de la situación en el conjunto de la Unión, con una caída del 35% en el número de llegadas ilegales.
Asimismo, Brunner hizo hincapié en la necesidad de que Italia vuelva a aplicar sin reservas las reglas de Dublín, las cuales obligan a cada Estado miembro a hacerse cargo de las demandas de asilo de todos los migrantes que ingresan a la UE por su territorio. Aclaró que el cumplimiento de estas normas será crucial para que Italia pueda acogerse a este mecanismo, una demanda también sostenida por otros países como los Países Bajos y Bélgica, que critican la situación de los movimientos secundarios, en los que migrantes que llegaron a Italia solicitan asilo en otros países del norte de Europa.
En conclusión, Brunner señaló que «es un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, así que debe ir de la mano y darse en paralelo». Además, subrayó que, si Bruselas detecta «deficiencias sistémicas» en un Estado miembro que es elegible para el apoyo a la reubicación, debido a que no cumple las reglas de responsabilidad sobre los migrantes que entran, otros países que se hayan comprometido a acoger parte de las reubicaciones quedarían exentos de tal obligación.
