A medida que la crisis originada por la gripe aviar – Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) – se intensifica en Europa, con 139 focos en explotaciones comerciales de aves de corral y 14 de ellos en España, la preocupación social crece. Este panorama ha llevado al sacrificio de 2.586.751 animales en nuestro país y ha obligado a la declaración de una zona de protección especial en Valladolid. Esta situación exige la adopción de medidas más estrictas en todo el territorio.
Los problemas en la población aviar son igual de preocupantes, con 708 focos detectados en Europa (68 en España), lo que afecta incluso a espacios naturales de alto valor ecológico en nuestro país, como Doñana, las lagunas de Gallocanta o las Tablas de Daimiel. La crisis de biodiversidad se agrava aún más, revelando una interconexión entre la salud animal y la salud ambiental. Es imposible detener a un virus ‘con alas’, pero es posible minimizar su impacto en la población. Las macrogranjas son un caldo de cultivo perfecto para la propagación de estas enfermedades entre aves, tanto domésticas como silvestres, y su eventual contagio a los seres humanos.
Ahora el Gobierno español tiene la oportunidad de impedir que se sigan poniendo sobre la mesa proyectos para super macrogranjas, como la que se pretende hacer en San Clemente, Cuenca, y lo debe hacer.
El proyecto de super macrogranja en San Clemente, promovido por el Grupo Avícola Rujamar S.L., plantea la instalación de una explotación industrial de capacidad para 1.080.000 gallinas ponedoras, lo que la convertiría en la explotación de aves de corral más grande y contaminante del país. No es la primera vez que la empresa intenta implantar una macrogranja de esta magnitud en el municipio; en 2021 ya propuso una instalación para 1,5 millones de aves que fue finalmente suspendida tras el amplio rechazo social.
Los ecologistas advierten que ya hicieron notar al Gobierno español los riesgos de una crisis como la que se está viviendo actualmente.
Los hechos confirman los temores de la organización. La gripe aviar está volviendo a expandirse, evidenciando la vulnerabilidad y el impacto destructivo del modelo de ganadería industrial, que además recibe indemnizaciones millonarias con dinero público tras cada sacrificio masivo.
Medidas que piden los ecologistas
Frente a esta grave situación, los ecologistas demandan el fin de la ganadería industrial y sus macrogranjas, exigiendo medidas urgentes:
- Una moratoria inmediata y sin dilación a la ganadería intensiva. Es fundamental que no se autoricen nuevos proyectos de ganadería intensiva ni la ampliación de los existentes.
- Reducción drástica de densidad de animales en explotaciones existentes, como recomienda la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Esta medida es imprescindible para evitar condiciones propicias para la propagación del virus.
- Cierre de explotaciones intensivas de aves de corral cercanas a núcleos urbanos. Se propone prohibir las explotaciones de ganadería industrial ubicadas a menos de 2.000 metros de zonas pobladas, debido a su riesgo latente.
- Reducir la cabaña ganadera en intensivo hasta alcanzar un 50 % menos en 2030. La priorización de sistemas extensivos y ecológicos puede disminuir riesgos zoonóticos y conllevar enormes beneficios ambientales.
Hasta ahora, se han implementado diversas medidas nacionales y locales tanto de control como de prevención ante los brotes de gripe aviar. Una de estas medidas prohíbe la cría temporal de gallinas ponedoras y otras aves de corral al aire libre para evitar el contacto con aves silvestres. Sin embargo, a pesar de las numerosas advertencias de especialistas, veterinarios y ecologistas acerca de la posibilidad de que se diera un brote de gripe aviar en España y del riesgo que conllevan las super macrogranjas, el Ministerio de Agricultura sigue permitiendo su establecimiento.
