Un informe de Amnistía Internacional advierte que aún persisten barreras visibles e invisibles, de carácter administrativo, social y práctico, que impiden el acceso universal al aborto en Europa, a pesar de que se han producido reformas legislativas en muchos países que han facilitado esta práctica para muchas mujeres que la demandan.
La encargada de campañas senior de Amnistía Internacional en materia de derechos de las mujeres, Mónica Costa Riba, ha destacado que, a pesar de los importantes avances logrados en toda Europa, el acceso al aborto sigue estando restringido por una inquietante serie de barreras visibles e invisibles.
20 Países imponen sanciones penales
Amnistía Internacional asevera que al menos 20 países de la región imponen sanciones penales a las personas embarazadas que abortan fuera del ámbito de la ley. Cada año, miles de personas embarazadas se ven obligadas a viajar al extranjero para buscar la atención médica que necesitan debido a las dificultades que enfrentan para acceder a servicios de aborto en sus países.
El informe también detalla que el costo del acceso al aborto puede ser prohibitivo en países como Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Kosovo, Letonia, Macedonia del Norte, Montenegro, República Checa, Rumanía y Serbia, donde ni el seguro médico ni el sistema nacional de salud cubren los servicios de aborto cuando se trata de una decisión de la propia persona embarazada.
Además, diversos Estados están incumpliendo su deber de garantizar el acceso a los servicios de aborto en contextos en los que se produce un gran número de denegaciones del servicio por motivos de conciencia, lo que provoca retrasos o la denegación del acceso, siendo Italia y Croacia dos de los países donde esta situación es más evidente.
Al menos 12 países europeos siguen imponiendo plazos de espera obligatoria sin justificación médica antes de poder acceder a un aborto legal, y 13 países imponen el asesoramiento obligatorio. Albania, Alemania, Bélgica, Hungría, Letonia y Portugal obligan a cumplir ambos requisitos. En Hungría, las mujeres que desean abortar están obligadas a escuchar los latidos del corazón del feto, mientras que en Turquía, las mujeres casadas mayores de 18 años deben obtener el consentimiento de su cónyuge para interrumpir un embarazo dentro del plazo de 10 semanas.
Grave riesgo de revertir avances
Mónica Costa ha advertido que las victorias conseguidas con gran esfuerzo en el ámbito de los derechos reproductivos corren un grave riesgo de ser revertidas por una oleada de políticas regresivas promovidas por el movimiento antigénero y apoyadas por actores políticos populistas que aplican prácticas autoritarias.
El informe documenta los intentos de restringir el acceso al aborto en toda Europa por parte de un «movimiento transnacional antigénero bien financiado». Esto se ha traducido en cambios legislativos y barreras en países como Croacia, Eslovaquia, Hungría e Italia, donde se han introducido o se han intentado introducir medidas para restringir o prohibir el acceso al aborto.
Además, Costa menciona las protestas y piquetes agresivos, en ocasiones violentos, que se organizan en algunas clínicas de salud sexual y reproductiva, así como los casos de intimidación sufridos por los proveedores de servicios relacionados con el aborto.
España: aún hay pasos que dar
El informe aborda la situación en España y destaca que, junto a Dinamarca, Finlandia y Noruega, es uno de los países que ha avanzado en la adopción de reformas para mejorar el acceso al aborto en los últimos años. Se han implementado zonas de seguridad para prevenir el acoso en los centros donde se presta este servicio, y se han eliminado los períodos de reflexión obligatorios y la obligación de proporcionar información sobre el apoyo a la maternidad.
No obstante, todavía hay pasos que dar a nivel nacional. Se critica la falta de un registro de objetores de conciencia en algunas comunidades autónomas, como Madrid, Baleares, Aragón y Asturias, lo que imposibilita planificar los recursos necesarios para garantizar que las mujeres puedan acceder al aborto en la sanidad pública. La objeción de conciencia puede limitar el acceso en ciertas áreas, obligando a desplazamientos para recibir atención o a recurrir a la sanidad privada.
Por otro lado, aunque la ley garantiza cobertura universal del aborto, las restricciones prácticas en el acceso a la sanidad pública afectan, en particular, a algunas personas, como las inmigrantes en situación administrativa irregular o las personas reagrupadas legalmente. Además, fuera de los supuestos legales establecidos, el aborto sigue estando penalizado.
