MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Supremo (TS) ha celebrado este lunes la primera sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha negado con un breve pero tajante «no» haber filtrado información relativa a Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El jefe del Ministerio Público no volverá a tomar la palabra hasta el final del juicio.
García Ortiz se ha pronunciado al arranque de la sesión, que ha empezado puntual, a raíz de la pregunta directa del presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, sobre si «se considera autor responsable de los delitos que se le imputan». «No», ha dicho el fiscal general.
El jefe de la Fiscalía llega a juicio acusado de filtrar, la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena SER, el ‘email’ que el abogado de González Amador en el caso por fraude fiscal, Carlos Neira, envió el 2 de febrero de ese año a Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo con el que evitara la cárcel.
La defensa, a cargo de la Abogacía del Estado, ha comenzado el juicio cargando contra la investigación del magistrado Ángel Hurtado y pidiendo la nulidad de varias de las medidas que acordó durante los ocho meses de investigación. La abogada del Estado Consuelo Castro ha denunciado «las irregularidades cometidas en la instrucción», que a su juicio, le permiten sostener que «el fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto» y «no ha podido defenderse en las condiciones exigibles». En este sentido, ha acusado al instructor de actuar con «la idea preconcebida» de que García Ortiz «era culpable» buscando únicamente «pruebas incriminatorias».
La defensa ha dirigido sus principales quejas contra la decisión de Hurtado de decretar el secreto de las actuaciones al principio de la causa, al considerar que la medida no estaba suficientemente motivada. También ha cuestionado las entradas y registros que se practicaron el 30 de octubre en el despacho del fiscal general y en el de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quienes entendían que eran desproporcionadas.
Durante esta primera parte, la defensa ha aportado un informe pericial, que se había negado en instrucción, y que, a su juicio, acredita que «es imposible saber qué mensajes fueron borrados el 16 de octubre de 2024», cuando se le abrió causa, en contra de la afirmación de la Guardia Civil de que borró el contenido de su móvil hasta dos veces. El tribunal ha aceptado incorporar la prueba.
Las acusaciones revindican una investigación «modélica»
Desde el otro estrado, las acusaciones, encabezadas por el letrado de González Amador en esta causa, Gabriel Ramos, han atacado las tesis de la defensa asegurando que la instrucción de Hurtado ha sido «modélica». También han rechazado las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales y el letrado ha afeado a la defensa y a la Fiscalía que no plantearan sus quejas en instrucción.
Asimismo, ha recriminado que «ahora» incorporen la pericial sobre el borrado que hizo García Ortiz, un asunto sobre el que las demás acusaciones han llamado la atención para rechazar la teoría de las «alternativas verosímiles» de la defensa. El abogado de Manos Limpias, Víctor Soriano, ha ilustrado que, si bien «en el campo de las hipótesis cualquier ciudadano podría haber sido el responsable» de dichas filtraciones, «no es racional», descartando que «hasta personal de limpieza y mensajería» pudiera filtrarlo.
Choque entre las dos fiscales de Madrid
Este lunes han comenzado las declaraciones testificales, con Julián Salto, el fiscal que investigó a González Amador; Pilar Rodríguez, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid; Almudena Lastra, jefa de la Fiscalía Superior de Madrid; y Diego Villafañe, hombre de confianza de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Salto ha relatado que la noticia de ‘El Mundo’ que se publicó a las 21:29 del 13 de marzo, en la que se decía que él había ofrecido un acuerdo pero «órdenes de arriba» se lo habían impedido, le sorprendió en un partido en el Estadio Metropolitano. No ha dudado de que la orden de García Ortiz de recabar su cadena de ‘emails’ con Neira fue «legal», aunque ha mostrado malestar por el hecho de que recibiera instrucciones contradictorias de Rodríguez y Lastra sobre la «urgencia».
Según ha narrado, aquella noche, Lastra le transmitió que el asunto podía esperar al día siguiente, mientras que Rodríguez le subrayó que debía informar esa noche: «El fiscal general no puede esperar». Las dos fiscales han evidenciado las diferencias en sus enfoques y han asegurado que identificaron el problema. Lastra ha expuesto que era partidaria de abordarlo «tranquilamente» el día 14, porque es de su idea que «mientras más presión, más despacio» hay que actuar, aunque también porque «eran las 22:00».
Rodríguez ha negado que hubiera «clandestinidad» al informar a García Ortiz sobre el caso contra González Amador, además de aclarar que dio por hecho la «publicidad», no la filtración. También ha subrayado que la jefa de la Fiscalía Superior tenía la información del caso desde el 7 de marzo, así como los ‘emails’. Lastra, en su turno, ha sostenido que solo verificó la denuncia y que no llegó a mirar los correos electrónicos la noche del 13.
Villafañe subraya la «animadversión» de Lastra al fiscal general
Villafañe, por su parte, ha recordado que para el 13 de marzo el Ministerio Público venía de «varias filtraciones dolorosas»: una del informe del fiscal del Supremo sobre ‘Tsunami Democràtic’ y otra de un correo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional relativo al caso de Miguel Ángel Blanco.
Por eso, ha manifestado que le parece «curioso» que Lastra ironizase sobre las filtraciones en la Fiscalía y ha asegurado que «nunca» le había oído «ningún signo de contrariedad». Además, ha reiterado que «la animadversión de la fiscal Superior de Madrid al fiscal general del Estado» es «evidente».
Ha defendido que «no había ningún motivo» para pensar que la filtración venía de la FGE, secundando así la actuación de Rodríguez y de Salto, al asegurar que «lo que es habitual para un fiscal es cumplir la orden directa que recibe de su fiscal general». Por último, ha criticado que la UCO no incluyera en sus informes que el día 8 de marzo de 2024 se activó la dación de cuentas por dos posibles querellas presentadas contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
