La Corte Internacional de Justicia (CIJ) hará pública este miércoles su posición sobre las «obligaciones» de Israel en relación a la labor de las agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias en los Territorios Palestinos Ocupados, en el contexto de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.
Este pronunciamiento llega tras una resolución aprobada en diciembre de 2024 por la Asamblea General de la ONU, que obtuvo 137 votos a favor, 12 en contra —entre ellos los de Israel y Estados Unidos—, y 22 abstenciones, donde se consultó a la CIJ sobre «cuáles son las obligaciones de Israel, como potencia ocupante y como miembro de Naciones Unidas», especialmente en relación con la entrada y actuación de las organizaciones humanitarias.
La resolución subraya la necesidad de facilitar la ayuda urgente que la población palestina requiere para su mera «supervivencia», así como el potencial alcance de dichas obligaciones para «apoyar el derecho de la población palestina a la autodeterminación». Sin embargo, el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha manifestado su rechazo a esta posibilidad, reiterando su oposición a la solución de dos Estados.
Contexto histórico
No es la primera vez que la CIJ se pronuncia sobre esta cuestión; en 2024, dictó una consulta en la que determinó que Israel estaba violando de manera sistemática el Derecho Internacional al ejercer control sobre territorios palestinos, lo que afectaba el derecho a la autodeterminación.
La CIJ ha descrito estos territorios como «una única unidad territorial que comprende Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza». En abril, organizó una serie de vistas donde más de 40 países y organizaciones, incluyendo España, expusieron su postura acerca de la presencia de agencias como la UNRWA en estas zonas. El dictamen final será leído este miércoles a las 15:00 por el presidente de la corte, Iwasawa Yuji.
Implicaciones y desafíos
A lo largo de su historia, la CIJ ha sostenido que sus pronunciamientos son de cumplimiento obligatorio para los estados involucrados, así como para todos los miembros de la ONU. Sin embargo, su capacidad para hacer cumplir sus dictámenes es limitada en la práctica.
Recientemente, la CIJ dictó medidas provisionales vinculantes en un procedimiento contra Israel iniciado por Sudáfrica, advirtiendo sobre la posible violación de la Convención contra el Genocidio debido a la ofensiva militar israelí en Gaza. A pesar de las instancias para que las autoridades israelíes faciliten la entrada de ayuda, el Gobierno de Netanyahu se ha negado a aplicar cualquier recomendación, alegando que se trata de procesos con trasfondo político.
Este contexto resalta la complejidad de la situación en la región y las limitadas opciones disponibles para mejorar las condiciones humanitarias en los Territorios Palestinos Ocupados.
