La Justicia belga ha bloqueado 482 millones de euros a España, en el marco de la disputa legal por el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables, un conflicto que involucra a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Esta intervención se realiza en el contexto del caso OperaFund, que implica la ejecución de un laudo arbitral a favor de la compañía afectada.
Según fuentes jurídicas, el embargo se autoriza como mecanismo de compensación para asegurar el resarcimiento a los acreedores. Este laudo arbitral, favorable a OperaFund, fue emitido en 2019 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial de cuya jurisdicción España es parte. El laudo se dictó conforme al Tratado de la Carta de la Energía, que España firmó al momento de realizar los recortes que motivaron las reclamaciones.
Ante la negativa del Gobierno español a pagar la indemnización correspondiente, OperaFund ha tomado medidas para garantizar el abono por otras vías, recurriendo a tribunales para embargar bienes y créditos estatales. En este caso, la deuda reclamada asciende a 29,3 millones de euros, a la que se suman 7,5 millones de euros por intereses de demora.
El equipo legal de OperaFund presentó una demanda en Bélgica para intervenir en los pagos que Eurocontrol realiza a Enaire, el proveedor estatal de control aéreo, debido a que sus cuentas están bajo la jurisdicción belga. La justicia belga dio luz verde a esta solicitud por considerarla una vía legítima para garantizar la compensación a los afectados por el impago. Como resultado, se han bloqueado 482,4 millones de euros, que en lugar de ser transferidos a Enaire, quedan ahora inmovilizados hasta que se resuelva un posible recurso, con la intención de usar estos fondos para cubrir deudas con los acreedores.
Un bloqueo anterior de más de 200 millones en 2025
En julio del año pasado, Eurus Energy, una filial del grupo Toyota, inició un procedimiento similar que culminó con un embargo de más de 207 millones de euros. En este caso, la deuda ascendía a 106,2 millones de euros en indemnización pendiente, más 9,4 millones de euros por intereses de demora.
Las empresas demandantes del Estado español han logrado victorias judiciales en diversas jurisdicciones, incluidas Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Bélgica. Las partes demandantes han expresado su intención de alcanzar un acuerdo con el Gobierno que permita finalizar esta prolongada disputa judicial, restableciendo un clima de seguridad jurídica y certidumbre para la inversión internacional.
Casi 2.300 millones en total
Para diciembre de 2024, la suma total de la deuda pendiente con las 27 empresas afectadas por los recortes ascendía a 1.754,7 millones de euros, a lo que se añaden 297,6 millones de euros en intereses de demora y 238,7 millones de euros en costas y honorarios legales, totalizando 2.292 millones de euros.
Durante la segunda mitad de 2025, tribunales de Estados Unidos reconocieron y registraron los laudos de siete procedimientos: Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed. En términos totales, la justicia estadounidense validó una deuda exigible de 691,2 millones de euros, permitiendo a los acreedores activar los mecanismos legales para su ejecución en ese país.
Ante esta serie de decisiones desfavorables, el Gobierno español ha apelado ante el Tribunal Supremo, mientras que los inversores han iniciado un procedimiento formal para rastrear bienes del Estado susceptibles de embargo en la jurisdicción estadounidense. Asimismo, la ofensiva judicial ha avanzado en Australia, donde en 2025 el Tribunal Federal ordenó la ejecución de cuatro laudos –los de RREEF, 9REN, Watkins y NextEra– por un importe total de 469 millones de euros, desestimando los argumentos de inmunidad soberana presentados por el Estado español y respaldando las reclamaciones de los demandantes.
