MADRID, 26 de septiembre de 2025 – El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto esta semana que respalda, por segunda vez, las resoluciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, instando a la compañía multinacional Airbnb a retirar miles de anuncios de pisos turísticos de su plataforma. Esta acción se ha llevado a cabo debido a que dichos anuncios no indican la licencia correspondiente ni su naturaleza jurídica.
Decisión del TSJM
El TSJM se ha pronunciado sobre las medidas cautelares dictadas por el Ministerio, a través de la Dirección General de Consumo, para que Airbnb eliminara de su plataforma cerca de 35.000 anuncios (34.728). La multinacional había recurrido esta medida cautelar, pero el tribunal ha desestimado su recurso, tal como lo hizo previamente en mayo con otro recurso similar.
Contexto de las resoluciones
De hecho, el Ministerio, liderado por Pablo Bustinduy, había instado a Airbnb a retirar un total de 65.000 anuncios mediante tres resoluciones: la primera, que incluía 5.800 anuncios, fue avalada por el TSJM en mayo; la segunda, que abarca los 34.728 anuncios mencionados, está ahora respaldada por el auto reciente; y una tercera resolución, que incluye el resto de los anuncios, no ha sido recurrida.
Tras las resoluciones y el primer aval judicial, Airbnb procedió a retirar estos 65.000 anuncios en julio.
Justificación de la ilegalidad
La Dirección General de Consumo argumentó tres razones fundamentales para justificar la ilegalidad de estos anuncios de pisos turísticos:
- Los anuncios no incluyen el número de licencia o registro requerido, lo cual es obligatorio en varias normativas autonómicas y constituye la infracción más común en la publicidad analizada.
- Algunos anuncios contienen números de licencia que no corresponden a los emitidos por las autoridades, lo que podría inducir a error o engaño a los consumidores.
- No se indica la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, no se aclara si son profesionales o particulares, una cuestión esencial para determinar si el consumidor está protegido.
Iniciativas adicionales
En el mismo contexto de combatir la publicidad ilegal de viviendas turísticas, el Ministerio abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024. Además, la Dirección General sigue investigando posibles prácticas engañosas por parte de grandes gestores de pisos turísticos y agencias inmobiliarias, en relación a posibles abusos contra inquilinos en la gestión del alquiler.
El objetivo de la intervención
Estas iniciativas son parte del objetivo fijado por Pablo Bustinduy de abordar la crisis de vivienda en España, que es considerada uno de los principales problemas del país. Bustinduy ha declarado que “hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”. Asimismo, subrayó que “ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley”.
