La Audiencia Nacional (AN) juzga desde el lunes al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo, en el marco del ‘proyecto Saving’. Este encargo consistía en investigar posibles irregularidades en el concurso de acreedores de la constructora Martinsa-Fadesa, durante la presidencia de Fernando Martín.
El fiscal de Anticorrupción solicita 23 años y 6 meses de prisión para Villarejo, y 18 años y 9 meses para Redondo. Se les acusa de presuntos delitos como cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos de particulares, y falsedad en documento mercantil.
Además, la Fiscalía demanda que ambos indemnicen con 5.000 euros a cada uno de los espiados, argumentando que la Administración General del Estado es responsable civil subsidiario. También se ha presentado una petición de decomiso de 500.000 euros, monto que José Moya pagó al Grupo CENYT por este encargo.
EL COMISARIO, «EN ACTIVO»
Los hechos se remontan a julio de 2011, cuando Moya contactó con Villarejo, quien aún se encontraba en servicio activo. Moya buscaba ayuda para resolver un conflicto relacionado con una inversión en Martinsa-Fadesa.
Moya adquirió acciones de la empresa superiores a 100 millones de euros en 2007, aproximadamente el 5% de la compañía. La compra iba acompañada de un contrato de opción de venta, que le permitiría recuperar parte de su inversión, pero esta opción no pudo ejecutarse debido a que la empresa entró en concurso de acreedores en julio de 2008.
Esta situación dio comienzo a un conflicto entre Moya y Martinsa-Fadesa. Según el fiscal, Moya contrató a Villarejo para investigar irregularidades en el proceso concursal, lo que podría haberle ayudado en una futura negociación para recuperar su inversión.
Villarejo aceptó el encargo a través del Grupo CENYT, un entramado societario del que era titular. Este caso no es un hecho aislado, ya que se están investigando otros encargos similares relacionados con dicha organización criminal.
EL DESARROLLO DE ‘SAVING’
El proyecto «Saving» consistió en obtener información sobre diversas personas vinculadas a la inversión y a los procesos concursales de Martinsa-Fadesa. Se generaron informes sobre esas pesquisas.
Entre las personas investigadas estaba el presidente del banco de inversión Ahorro Corporación, quien había ofrecido a Moya la oportunidad de invertir en Martinsa-Fadesa. Se sospechaba que podría haber colaborado en connivencia con Fernando Martín para perjudicar a Moya.
La investigación permitió a Villarejo y Redondo acceder a los tráficos de llamadas de varias personas relevantes en la trama, comprendiendo sus comunicaciones entre el 1 y el 18 de noviembre de 2011. Estos datos resultaron cruciales para el desarrollo del caso.
Los pagos por estos servicios a CENYT sumaron un total de 501.500 euros, realizados a través de Persán S.A., en varias transferencias. Las facturas emitidas mostraban conceptos manipulados con la intención de ocultar la naturaleza de los servicios prestados.
Finalmente, la Fiscalía solicitó el archivo de la causa para el exsenador socialista Francisco Rodríguez Martín y advirtió de la extinción de la responsabilidad penal de Moya debido a su fallecimiento el 18 de enero de 2021.
