Madrid (EFE).- El abogado de Julio Iglesias ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que archive las diligencias preprocesales, las cuales han sido declaradas secretas, en relación a una denuncia por presunto acoso y agresión sexual contra el cantante, presentada por dos empleadas en República Dominicana y Bahamas en 2021.
En un escrito de 15 páginas, al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, argumenta que los tribunales españoles, al igual que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, «carecen (y por extensión la Fiscalía de la Audiencia Nacional) de jurisdicción para la averiguación del hecho denunciado». Este argumento se basa en el hecho de que las denunciantes no son de nacionalidad española, no son menores de edad y que el cantante reside habitualmente en República Dominicana, donde supuestamente ocurrieron los hechos.
Choclán añade que, en cualquier caso, la denuncia debió ser presentada en República Dominicana, por lo que la Fiscalía «debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y deteniendo la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional».
«Qué duda cabe que denunciar en España, como se acredita con el impacto mediático utilizado por las supuestas víctimas, les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión», critica el letrado. También señala que la organización que presentó la denuncia en nombre de las víctimas, Women’s Link, «ha publicado que se ha elegido España para asegurarse una mayor eficacia en la investigación».
Para Choclán «no cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un fiscal universal, ni que los tribunales españoles se arroguen esa capacidad, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la jurisdicción que le resulte más conveniente».
Solicitud de Personación en la Investigación
El abogado también ha solicitado que se le permita personarse en la investigación de la Fiscalía para tener acceso directo al contenido de la denuncia, independientemente de que aún no exista un procedimiento judicial, lo que le permitiría ejercer su defensa en las diligencias que se practiquen, como por ejemplo la declaración de las denunciantes, que «según se publica, no sabemos si es cierto, tiene decidido la Fiscalía».
De este modo, se podría acreditar «la falsedad de las imputaciones y defender el honor de mi representado, sin perjuicio de las demás acciones que le asistan en la tutela de sus derechos fundamentales frente al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas que le conducen a una irremediable pena natural, al margen del proceso».
Choclán lamenta que su cliente se entere de los hechos que se le atribuyen a través de la información filtrada por las denunciantes a los medios de comunicación, «mediante la filtración de la denuncia y la concesión de entrevistas a un medio de comunicación determinado, de la que se han hecho eco múltiples medios de comunicación con el consiguiente perjuicio reputacional», en alusión a la publicación en el Diario.es de la investigación que dio a conocer los hechos denunciados.
«En esta situación, no podrá invocarse la necesidad de la reserva de la información en protección de una supuesta víctima que ha participado voluntariamente en la difusión pública de la denuncia a través de una Asociación cuyo asesoramiento legal, según se dice, ha sido aceptado por las denunciantes», argumenta el letrado.
A su juicio, «parece evidente que aquél contra el que se dirige la denuncia debe tener la posibilidad de intervenir en el procedimiento, ya en la propia fase de diligencias de investigación de la Fiscalía, y no remitirle a que la información la vaya obteniendo a través de los medios de comunicación».
El abogado concluye afirmando que «las supuestas víctimas no pueden pretender al mismo tiempo dar publicidad a su denuncia, concediendo entrevistas (en el supuesto de que lo hubieran hecho), y acto seguido invocar su necesidad de protección o reserva, lo que supondría una anómala situación procesal».
Finalmente, hace hincapié en que al no haberse mantenido «la necesaria reserva, cualquier pretensión de protección, frente al investigado, incluso a nivel general, debe decaer». Además, señala que el legislador no ha previsto la posibilidad de que las diligencias del Ministerio Fiscal puedan ser declaradas secretas y que el hallazgo de indicios de criminalidad para la adopción de esta medida hubiera motivado el ejercicio de la acción penal.
