Álvaro García Ortiz se sentará desde este lunes en el banquillo de los acusados, convirtiéndose en el primer fiscal general del Estado en ser juzgado. El Tribunal Supremo (TS) lo procesará por hechos presuntamente cometidos en el ejercicio de su cargo, donde continúa, que consistirían en la filtración de un correo electrónico que dejó al descubierto las negociaciones de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con la Fiscalía para llegar a un acuerdo en un caso de fraude fiscal. Se enfrenta a una condena de hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.
El detonante de este caso fue la publicación que hizo el diario ‘El Mundo’ a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024, afirmando que “la Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso”. Según describió el magistrado instructor, Ángel Hurtado, esta pieza desencadenó un «frenético intercambio» de mensajes y llamadas en el seno de la Fiscalía y una intensa actividad mediática para verificar la información.
García Ortiz contactó con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para que intentara obtener de Julián Salto, el fiscal del caso contra González Amador, la cadena de correos intercambiados con Carlos Neira, abogado del empresario. Hubo varios intentos, ya que Salto se encontraba en el estadio Metropolitano, viendo un partido de fútbol, y finalmente, a las 21:59 horas, el fiscal general recibió la cadena en su cuenta personal de Gmail, aunque incompleta.
A las 22:10, ‘La Sexta’ transmitió la primera información, que indicaba que fue la defensa de González Amador quien buscó el pacto con la Fiscalía, sin dar más detalles. Poco después, a las 22:27, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso envió a un chat de periodistas el contenido de otro correo clave para la causa, que informaba al abogado de que, a pesar de que el caso ya estaba judicializado, no habría obstáculos para negociar un acuerdo.
A las 23:00, García Ortiz se percató de que le faltaba el correo clave del 12 de marzo y, después de nuevas gestiones, lo recibió a las 23:46. La ‘Cadena SER’ informó del correo del 2 de febrero, que contenía el ofrecimiento de confesión, primero en la transmisión a las 23:23 y posteriormente en su web a las 23:51, con extractos del mensaje.
Al día siguiente, tras una serie de llamadas y mensajes, la Fiscalía publicó un comunicado a las 10:22 horas, donde detallaba el intercambio de correos entre el fiscal y el abogado de González Amador. Este comunicado fue la base para que el novio de Díaz Ayuso presentara el 21 de marzo de 2024 una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por presunta revelación de secretos, dirigida contra Rodríguez y Salto.
Paradójicamente, cuando el 16 de octubre el TS, a instancias del TSJM, encausó a García Ortiz por revelación de secretos, no lo hizo por este comunicado, ya que consideró que no contenía «información indebidamente revelada», puesto que la misma ya había sido difundida por la prensa, centrando así el foco en la supuesta filtración de los correos electrónicos.
Dos semanas después, el 30 de octubre, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró simultáneamente los despachos de García Ortiz y Rodríguez, llevándose sus dispositivos electrónicos, en una operación inédita que duró más de diez horas y que proporcionó las principales evidencias del caso.
AL FINAL, SIN «INDICACIONES DE PRESIDENCIA»
Durante los ocho meses que duró la investigación, hubo tres imputados: Rodríguez, García Ortiz y su hombre de confianza, Diego Villafañez. Los hechos investigados fluctuaron desde el comunicado hasta la supuesta filtración del correo del 2 de febrero o la existencia de una investigación fiscal contra González Amador. Hurtado solo llevó a juicio a García Ortiz y Rodríguez, convencido de que ambos habían filtrado a la ‘Cadena SER’ el correo del 2 de febrero para ganar el «relato» contra ‘El Mundo’.
El magistrado citó como indicios la cronología de los hechos, tomando en cuenta las horas en que García Ortiz recibió la información relevante y cuándo comenzó su publicación en prensa, así como el «borrado» de sus chats de WhatsApp y correos. Además, sostuvo que García Ortiz actuó «por indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». Sin embargo, la Sala de Apelación corrigió al magistrado, al considerar que tal afirmación «no ha sido acreditada con suficiencia», dejando fuera de la causa esas supuestas instrucciones del Gobierno.
GARCÍA ORTIZ APUNTA AL «APARATO» DE LA CAM
Por otro lado, García Ortiz, defendido por la Abogacía del Estado, reivindica su inocencia, afirmando «rotundamente no» cuando se le pregunta si filtró información a la prensa. Argumenta que el «núcleo esencial» de la información relevante fue desvelado desde «el aparato institucional de la Comunidad de Madrid», acentuando que el empresario dio luz verde a su jefe de gabinete para informar a la prensa sobre el correo del 12 de marzo. Alega que más de 600 personas tuvieron acceso al correo del 2 de febrero, ya que este fue enviado a una cuenta genérica de la Fiscalía.
García Ortiz sostiene que en todo momento actuó «en el legítimo ejercicio de sus competencias» para evitar un daño a la imagen de la Fiscalía y los miembros del Ministerio Fiscal, cuya honradez se había comprometido por una campaña de desinformación. Estas razones le han llevado a permanecer en su cargo, pues este lunes se sentará en el banquillo como fiscal general, algo sin precedentes que ha provocado numerosas peticiones de dimisión.
Un tribunal compuesto por siete magistrados de mayoría conservadora, con Andrés Martínez Arrieta como presidente y Susana Polo como ponente, juzgará a García Ortiz durante seis días con máxima expectación mediática, ya que más de 200 periodistas han sido acreditados para cubrir el evento. A diferencia del juicio del ‘procés’, este no se transmitirá en vivo, y la sentencia se espera hacia finales de año.
About the Author
