MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) – El consejo de administración de Indra se reunirá este jueves con el objetivo de avanzar en el proceso de fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Sin embargo, la cita estará marcada por las dudas en torno a la operación por parte del Gobierno, que no quiere perder el control de la principal empresa nacional de defensa, y también por la batalla judicial abierta por Santa Bárbara Sistemas, filial en España de la estadounidense General Dynamics.
Por un lado, la idea de Indra es seguir con el proceso de fusión por absorción de EM&E, una operación que presenta diversos conflictos de interés debido a que los propietarios de la compañía son el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano, Javier Escribano, presidente de EM&E y consejero dominical de Indra en representación del 14,3% que EM&E tiene de Indra. De hecho, EM&E es el segundo mayor accionista de Indra después del Gobierno, que posee un 28% de la compañía a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Si bien el Gobierno era el principal valedor e impulsor de la operación, ha surgido cierta duda acerca de la idoneidad del movimiento, tal y como estaba planteado desde un principio. Más allá de los conflictos de interés presentes desde el inicio del proceso, el Ejecutivo busca evitar perder el control de la principal empresa nacional de defensa, sobre todo en un contexto geopolítico actual que requiere una supervisión efectiva.
Un aspecto crucial de la operación se relaciona con la valoración final de EM&E, ya que esto determinará el tipo de canje de acciones que se efectuaría en una potencial fusión por absorción y, por lo tanto, el peso que tendría EM&E en el capital de Indra. No obstante, según han indicado diversos medios como Expansión y El Confidencial, en el consejo de hoy se prevé que se planteen diversas alternativas a la fusión por absorción.
Cabe señalar que, en medio de las dudas del Ejecutivo, ha emergido para respaldar la operación Amber Capital, el cuarto mayor accionista de Indra con un 7,24% del capital, que considera que las partes deben estar alineadas para crear un «campeón nacional» de la defensa, según explicó el consejero delegado de Amber Capital, Camilio Azzouz, en declaraciones al diario Cinco Días.
Batalla judicial con General Dynamics
Más allá de la operación, la reunión del consejo de este jueves también estará marcada por la batalla judicial que ha iniciado Santa Bárbara Sistemas, propiedad de General Dynamics European Land Systems, contra la adjudicación de determinados contratos militares por parte del Ministerio de Defensa a Indra y Escribano.
En concreto, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo en el que se solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y EM&E, para prefinanciar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar elaborada por el Gobierno.
Estos créditos están destinados para los programas de los obuses de ruedas (1.181 millones de euros) y de cadenas (1.821 millones de euros). Santa Bárbara también ha confirmado su intención de iniciar los trámites administrativos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) para interponer un recurso de alzada contra la adjudicación de los contratos, cuyo importe conjunto se sitúa en 7.240 millones de euros.
Aparte de la prefinanciación otorgada el pasado octubre, los contratos se adjudicaron el 22 de diciembre, con un presupuesto de casi 2.686 millones de euros para el obús de ruedas y de 4.554 millones de euros para el de cadenas. Sin embargo, las desavenencias actuales entre Indra y General Dynamics, que arrancaron el año pasado, cuando Indra intentó comprar la fábrica de Trubia (Asturias) que pertenece a General Dynamics, van más allá de estos contratos.
En ese sentido, Santa Bárbara también ha acusado de espionaje industrial a Indra, involucrando en esta acusación al director jurídico de Indra, Ángel de Álvaro, quien anteriormente trabajaba en Santa Bárbara. Según fuentes al tanto de la situación, este conflicto ha generado un considerable malestar dentro de Indra.
