El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha aclarado que no está en contra del permiso por fallecimiento de hasta 10 días anunciado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sino más bien de las «formas» en que se comunicó esta medida. Según Garamendi, se están haciendo anuncios que parecen más una «campaña personal» que una propuesta seria, y subraya que estos temas deben ser discutidos en el ámbito del diálogo social.
Madrid, 10 (Europa Press)
En declaraciones a la radio pública, Garamendi expuso que su preocupación no se centra en el contenido de las medidas, sino en el modo en que el Ministerio de Trabajo se utiliza para hacer política. «Cuando el Parlamento no le da la razón, empieza a dar noticias y a intentar hacer ordenamientos que son reminiscencias de la época anterior a la muerte de Franco», comentó.
Respecto al permiso de 10 días, Garamendi criticó que Díaz lo anunciara en un foro como los «Desayunos Informativos» sin consultarlo previamente con el Gobierno o los sindicatos. «Esto hay que gestionarlo de otra manera, sin saltarse el diálogo social. No estoy diciendo que no se pueda llorar a los fallecidos, simplemente que hay que buscar espacios menos populistas para tratar este tipo de temas», enfatizó.
El líder de la CEOE también señaló que en cuanto algo no agrada a algunos, se recurre a la descalificación personal. Aclaró que nunca ha dicho que las personas que están de luto deban ir a trabajar inmediatamente. «Mi preocupación está en cómo reacciona el Ministerio, y el modo en que se están evitando muchas normas para hacer política», agregó.
A pesar de sus críticas, Garamendi afirmó que nunca dirá que el diálogo social está acabado. De hecho, mencionó que recientemente tuvo una reunión productiva con la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, donde se discutieron temas relevantes como la incapacidad temporal. «Estamos dispuestos a trabajar con las partes involucradas: sindicatos, trabajadores y empresarios», dijo.
Reacciones sobre el permiso por fallecimiento y la jornada laboral
Sobre el debate de una posible reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, Garamendi aclaró que no se está en contra de la reducción del tiempo de trabajo, pero que es un tema que se negocia con los sindicatos desde hace más de 50 años. La media de jornada laboral actual se sitúa en 38,5 horas semanales, pero la reducción de jornada debe tratarse a nivel anual y adaptarse a las necesidades de cada sector.
En cuanto a sus recientes declaraciones sobre el tenista Carlos Alcaraz, quien, según él, no trabaja 37,5 horas a la semana, Garamendi indicó que simplemente estaba defendiendo la cultura del esfuerzo, que considera fundamental en el ámbito laboral. «El esfuerzo es lo que lleva al éxito, aunque hay muchas personas esforzándose que no logran el mismo reconocimiento que otros», expresó.
Asimismo, comentó que el apoyo de la CEOE a la reforma laboral fue claro y que la oposición, específicamente el PP, se equivocó al votar en contra. Sin embargo, lamentó que el Gobierno cediera ante el PNV poco tiempo después. «No hubiésemos firmado si supiéramos que esto ocurriría», puntualizó.
Salario Mínimo Interprofesional y situación de los salarios
Respecto al salario mínimo interprofesional (SMI), Garamendi destacó que la revisión del SMI es competencia del Gobierno, pero considera que la incertidumbre generada afecta a las empresas. «La pregunta de si Hacienda tiene que cobrar o no es incomprensible; las leyes deben aplicarse para todos», indicó.
A pesar de que los datos macroeconómicos muestran un crecimiento del 2,5% este año, el presidente de la CEOE enfatizó que a muchas personas les cuesta llegar a fin de mes. Según él, si dependiera de la patronal, los salarios habrían aumentado más, pero los altos costos de Seguridad Social y los impuestos están afectando la situación.
En conclusión, Garamendi advirtió que el Estado no para de recaudar y esto está afectando al ciudadano en su día a día. «El coste de pago a los trabajadores se ha incrementado de manera dramática; si no hubiera este aumento en impuestos, la carga caería directamente en el bolsillo del ciudadano», concluyó.
