El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado este miércoles para abordar la reforma del Estatuto Marco y la huelga de médicos, ha terminado sin acuerdos, debido al rechazo de las comunidades autónomas a votar los puntos del orden del día, que contemplaban acuerdos y recomendaciones relativas a las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que «las comunidades autónomas han decidido rechazar comprometerse con estas reivindicaciones que solucionarían el conflicto. Hoy las comunidades autónomas podían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias y han decidido no hacerlo, han decidido mirar para otro lado».
El Ministerio de Sanidad y las consejerías se reunieron en un pleno extraordinario del CISNS para tratar de forma monográfica el Estatuto Marco, pocos días después de la aprobación del anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros y en medio de un conflicto con los sindicatos médicos, que han convocado su quinta semana de huelga entre el 15 y el 19 de junio.
García ha expresado que le resulta «bastante contradictorio» que los consejeros solicitaran la celebración de este CISNS para abordar «en exclusiva» elementos que no pueden formar parte del Estatuto Marco por «invadir» competencias autonómicas, y que ahora se nieguen a tratarlos en el encuentro, reprochando que «no se puede hacer como el perro del hortelano, que ni resuelves ni dejas resolver».
El orden del día del pleno incluía acuerdos sobre el límite máximo de las horas de guardia y la mejora de su retribución, las 35 horas de jornada ordinaria y la creación de mesas de negociación específicas para el colectivo médico. Además, se consideraban recomendaciones sobre la reducción progresiva de la jornada semanal, clasificación profesional y participación del personal médico, junto a dos acuerdos de coordinación para la creación de grupos de trabajo, destinados al análisis de la organización del trabajo y desburocratización.
La ministra ha afirmado: “Yo creo que eran cosas muy básicas. Es más, creo que eran cosas que muchas comunidades ya han puesto en marcha”. No obstante, no ha especificado la razón que han dado los consejeros para su rechazo, y se ha remitido a las explicaciones que ellos puedan proporcionar, añadiendo: “Yo no la encuentro, a no ser que no quieran ver el fin del conflicto”.
VAMOS A SEGUIR EMPUJANDO
En este contexto, Mónica García ha enfatizado que el Ministerio de Sanidad «ha hecho su trabajo» incluyendo en el Estatuto Marco aquellas demandas que son de su competencia, después de llegar a un acuerdo con los sindicatos de la Mesa del Ámbito, dejando las reivindicaciones que corresponden a las comunidades autónomas. «Hemos hecho lo que se nos ha pedido hacer», ha destacado.
A pesar de la negativa de las comunidades, ha afirmado que el Ministerio continuará trabajando «con diálogo, acuerdos y consensos» para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. «Vamos a seguir empujando porque creemos que esta reforma laboral sanitaria es necesaria», ha declarado.
García también ha recordado que algunas comunidades autónomas habían solicitado que el Estatuto Marco no se llevara al Consejo de Ministros y se quedara «en un cajón», lo que, según ella, «sí que hubiera sido un conflicto, por ejemplo, con los sindicatos del Ámbito». Además, ha anunciado que en las próximas semanas se aprobará la reforma del Real Decreto 1146-2006, que regula la actividad asistencial y la calidad laboral de los profesionales en formación sanitaria especializada.
CARTA DE LAS CCAA
Antes del inicio de la reunión del CISNS, el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, informó que las comunidades autónomas habían registrado una carta dirigiéndose al Ministerio de Sanidad, insistiendo en que la resolución del conflicto generado con la reforma del Estatuto Marco depende de esta cartera y no de los gobiernos regionales.
En esta misiva, las CCAA exigen un «acuerdo estatal» impulsado por el Ministerio de Sanidad, dado que es quien tiene la «capacidad» para modificar la normativa y dar respuesta a las demandas planteadas. Tras afirmar que «el problema de fondo continúa abierto» a pesar de la aprobación del texto en el Consejo de Ministros, los representantes autonómicos reclaman que se reabra «con urgencia» un proceso de diálogo «real, efectivo y constructivo».
Alberto Martínez, en representación de todas las consejerías, ha manifestado: «La ministra se ha quedado sola. No cuenta con el apoyo de los profesionales. No cuenta con el apoyo de los sindicatos. Y no nos tiene a las comunidades autónomas».
