El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, presidirá este lunes, 25 de mayo, una reunión de alto nivel para evaluar el impacto económico y social de la guerra de Irán. En el encuentro, que se llevará a cabo en el Ministerio de Economía, también participarán otros miembros del Ejecutivo y representantes de los agentes sociales. Entre los asistentes se encuentran la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Asimismo, acudirán líderes de los agentes sociales y económicos, como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria general de Cepyme, María Teresa Gómez Condado; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.
A lo largo de las próximas semanas, el Gobierno tiene la intención de mantener reuniones con los agentes sociales y sectores afectados por la crisis en Oriente Medio, con el objetivo de discutir las medidas de apoyo necesarias más allá del mes de junio, cuando finaliza la vigencia del primer real decreto-ley aprobado para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán.
Durante este periodo de cinco semanas, el Ejecutivo se compromete a analizar la evolución de la situación y a consultar con los sectores afectados sobre las medidas de apoyo que continúan siendo requeridas. Instituciones y organismos están monitorizando de cerca el impacto de la guerra en los hogares y empresas. Según el último Índice de Precios al Consumo (IPC) de abril, que se situó en el 3,2%, se ha confirmado que las medidas implementadas en España están funcionando; de no haber sido por ellas, la inflación podría haber sido un punto superior.
En particular, se estima que el precio de los combustibles habría aumentado casi un 30% sin las medidas adoptadas. Sin embargo, la presión derivada del conflicto continúa, lo que justificaría la prórroga de las medidas de apoyo en materia de combustibles hasta el mes de junio. Al superar la variación anual del 15% en los precios de los combustibles para vehículos personales, que es el umbral señalado en el decreto anticrisis, las medidas fiscales sobre carburantes, incluyendo tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos y un IVA del 10% sobre gasolinas y gasóleos, seguirán vigentes hasta el 30 de junio.
Por otro lado, los precios de la electricidad y del gas han disminuido lo suficiente en abril como para que se desactiven las medidas en curso que protegían a los consumidores en estos sectores. La caída en los precios de ambos permite iniciar la desactivación de las medidas relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable, a partir del 1 de junio. No obstante, se mantendrán las medidas sobre el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica hasta el 30 de junio.
Además, se continuarán aplicando otras medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico, que serán del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos.
De cara al futuro, el Gobierno se reunirá la próxima semana con los agentes sociales para discutir la posible prórroga de estas medidas más allá del mes de junio.
