El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto imponer una multa de 3.600.902 euros a Alquiler Seguro. Esta decisión se produce tras la apertura en marzo de un expediente sancionador por parte del Departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
Según informó la asociación de consumidores Facua, el ministro Bustinduy ha comentado que la propuesta de sanción es «uno de los pasos intermedios dentro de un procedimiento del expediente del Ministerio», añadiendo que no puede emitir juicios sobre el mismo mientras se encuentra en curso.
«Lo que se ha conocido es una propuesta de sanción. Es uno de los pasos intermedios dentro de un procedimiento del expediente del Ministerio de Consumo, y yo, porque vivimos en un sistema muy garantista, no me puedo posicionar, no puedo opinar sobre un procedimiento que está en curso», señaló Bustinduy en una entrevista en ‘La hora de la 1’ de TVE.
El pasado marzo, se abrió un expediente sancionador a una «gran agencia inmobiliaria» por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en todo el territorio nacional. Aunque no se reveló inicialmente el nombre de la empresa, Facua posteriormente informó que la compañía afectada era Alquiler Seguro, que había sido denunciada en noviembre de 2023 por exigir a los inquilinos el pago de honorarios, algo que está prohibido tras la promulgación de la ley de vivienda.
La propuesta de sanción está actualmente en fase de análisis por parte del secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán. Se espera una decisión en los próximos meses, luego de revisar las alegaciones presentadas por las partes implicadas.
La resolución también fue comunicada a Facua conforme a la ley, ya que la asociación figura como parte en el procedimiento. En ella se detallan las irregularidades detectadas en los contratos que la inmobiliaria firma con los arrendatarios, desestimando al mismo tiempo las alegaciones de la agencia contra la primera propuesta de sanción emitida en marzo.
Bustinduy destacó que el expediente se ha publicitado porque «hay partes implicadas en el procedimiento» y recordó que «el proyecto se originó por denuncias de organizaciones de consumidores».
Irregularidades en los contratos
Entre las irregularidades señaladas, el Ministerio de Consumo resalta la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, que encubría el cobro de gastos que deberían ser asumidos por el propietario. Asimismo, se mencionan la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica, así como la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
«El Ministerio de Consumo tiene recursos limitados, pero los vamos a poner todos siempre a disposición de asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley. Y en el mercado de la vivienda, especialmente, se ha impuesto la ‘ley de la selva’ en los últimos años y se ha hecho que los inquilinos se vean en una situación de indefinida indefensión», afirmó Bustinduy.
Fraude de ley en el servicio de atención al inquilino
Desglosada por conceptos, el Ministerio de Consumo ha propuesto una multa de 1.000.000 euros a Alquiler Seguro por el cobro al inquilino de servicios que, según la Ley de Arrendamientos Urbanos, «corresponde satisfacer a la parte arrendadora». El denominado Servicio de Atención al Inquilino (SAI) obligaba al arrendatario a pagar «una mensualidad de renta más IVA/IGIC», que posteriormente fue cambiada a «990 euros más IVA/IGIC», por conceptos como gestión documental o estudio de solvencia.
La resolución sostiene que «no puede ampararse que, bajo la apariencia del cobro por el SAI, Alquiler Seguro eluda la prohibición del cobro de los gastos inmobiliarios y de formalización del contrato», enfatizando que estos gastos se imponían al inquilino «aunque no reportan beneficio alguno, sino al propietario».
El expediente señala que el contrato SAI se presta durante toda la vigencia del contrato de arrendamiento, de modo que un inquilino pagaría lo mismo por los servicios que se presten durante seis meses que durante cinco años, lo que critica la falta de proporcionalidad y los beneficios exclusivos para el arrendador.
Multa por imposición de seguros y cláusulas abusivas
Se ha planteado una segunda sanción de 990.900 euros por exigir a los inquilinos la contratación de un seguro de hogar, práctica que «beneficia al arrendador respecto de las coberturas relativas a responsabilidad inmobiliaria, continente y contenido», obligando al arrendatario a pagar una prima por daños que «realmente no ha de responder».
El contrato de Alquiler Seguro incluía también cláusulas que obligaban a los inquilinos a «hacer frente a todos los gastos, derechos, impuestos o tasas judiciales» y autorizaban su inclusión en ficheros de morosos «en caso de impago de cualquier cantidad».
Finalmente, el expediente recoge una potencial infracción por limitar el derecho de desistimiento sobre el SAI, señalando que «muchas de las prestaciones que incluye ni siquiera se ejecutarán durante el contrato si el inquilino no está interesado».
