MADRID, 8 de octubre de 2023. La Fiscalía Anticorrupción ha indicado que existen indicios en contra del PSOE en el ‘caso Leire Díez’; sin embargo, ha señalado que la decisión de solicitar la imputación del partido es prematura. Esta información ha sido confirmada por fuentes jurídicas en el marco de una causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a la exmilitante socialista Leire Díez, al exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, y a abogados, por supuestas actividades de obstaculización en casos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.
El Ministerio Público comunicó a Pedraz que observa indicios contra el PSOE, pero no considera pertinente, por el momento, una imputación. De acuerdo con las fuentes, el juez ha indicado que deben llevarse a cabo diligencias pendientes, como la declaración de Cerdán, antes de considerar dicha acusación.
Esta evaluación se produce dos días después de que el magistrado solicitara un informe sobre la potencial imputación del partido, a raíz de una demanda presentada por el Partido Popular (PP) por presunta financiación ilegal, entre otros delitos. En una providencia reciente, Pedraz ordenó a la Fiscalía que emitiera un informe sobre la solicitud del PP para que el PSOE sea citado como investigado y pidió al partido que le proporcione la «relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía o consultoría contratados por dicha formación política».
El PP ve indicios de cinco supuestos delitos
En la misma providencia, el juez Pedraz incorporó documentación que la acusación popular, liderada por el Partido Popular, presentó solicitando la imputación del PSOE. La acusación sostiene que las actuaciones realizadas «confirman» que el partido «sufragó» los gastos de una presunta «organización criminal bajo la indicación» de Santos Cerdán.
El PP ha solicitado que se atribuya al PSOE la condición de persona jurídica investigada, por ser presuntamente responsable de delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos, en relación con la malversación de caudales públicos supuestamente cometida por sus dirigentes.
La acusación sostiene que la supuesta organización, «bajo el liderazgo» de Cerdán, ofreció beneficios a funcionarios públicos con el objetivo de influir en su desempeño profesional. También se alega que se desarrollaron actividades para «destruir el procedimiento judicial» en el que se investigaba al hermano del presidente y a otros casos judiciales que involucraban al Gobierno y al partido.
Además, la acusación indica que hubo intentos de influir sobre testigos clave, como Carmen Pano, quien afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE. Asimismo, se menciona que se intentó desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que hay evidencias de pagos por aproximadamente 20.000 euros a un medio de comunicación vinculado, Crónica Libre, presuntamente financiados con subvenciones electorales públicas recibidas por el propio partido.
