MADRID, 26 de septiembre – Los sindicatos de la Policía Nacional han expresado su opinión tras las críticas recibidas por la intervención de agentes antidisturbios en el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que residía en régimen de alquiler en el barrio del Retiro de Madrid. Los representantes sindicales han recordado que los agentes se limitaron a cumplir con una orden judicial y han solicitado que en la investigación se analicen todas las órdenes recibidas y no sólo “imágenes aisladas”.
“Entendemos perfectamente la dureza de las imágenes y que se investigue cualquier posible irregularidad. Pero también pedimos que se escuche a los policías que estuvieron allí, que se analicen las grabaciones completas y que se tengan en cuenta las órdenes recibidas y las circunstancias reales de un dispositivo complejo”, han señalado desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en referencia a la investigación anunciada por la Delegación del Gobierno en Madrid.
“No podemos exigir a los agentes que cumplan con una resolución judicial y después juzgar su actuación exclusivamente por unos segundos de vídeo, sin conocer todo lo que ocurrió antes”, han añadido.
Investigación Rigurosa
El SUP ha reclamado que se lleve a cabo una “investigación rigurosa” tras las denuncias del Sindicato de Inquilinas y de otros activistas, políticos o ciudadanos que afirman haber sido “gaseados” con espray policial o haber recibido golpes que dejaron “marcas” en la espalda o cabeza durante el intento de impedir el desahucio.
“Los policías también tienen derecho a la presunción de inocencia y a todas las garantías legales”, ha subrayado el SUP, recordando que ni Maricarmen ni ninguna otra persona es desahuciada por decisión directa de la Policía Nacional.
“La Policía acude a garantizar el cumplimiento de una resolución judicial en una situación especialmente complicada, con una enorme presión mediática y personas que trataban de impedir la intervención”, han declarado, añadiendo que han puesto a disposición de los agentes que llevaron a cabo el desahucio sus servicios jurídicos.
Los representantes sindicales también han mencionado que es habitual que los dispositivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) sean cuestionados, como ocurrió en Ceuta durante la entrada masiva de miles de migrantes de Marruecos o en ocasiones anteriores en medidas para prevenir disturbios en el entorno del Congreso de los Diputados.
Frente a las críticas por “brutalidad policial” de activistas, ciudadanos y políticos que intentaron interferir en la actuación de la UIP, fuentes del Ministerio del Interior han reafirmado que la Policía Nacional cuenta con protocolos internos en caso de detectar cualquier actuación irregular.
El Gobierno No Puede «Lavarse las Manos»
Desde el sindicato Jupol han manifestado que lo que ha intentado hacer el Gobierno es “lavarse las manos”. “Resulta esperpéntico que el delegado del Gobierno en Madrid pretenda desmarcarse de la responsabilidad institucional del operativo y, posteriormente, cuestionar públicamente la actuación de los policías”, han indicado.
“La Delegación del Gobierno afirmó inicialmente que la Policía Nacional actuaba bajo el mandato de la comisión judicial encargada del lanzamiento. Dos días después, el propio delegado del Gobierno, Francisco Martín, anunció una investigación sobre posibles excesos policiales tras reconocer que hay imágenes del operativo que no le han satisfecho”, ha continuado Jupol.
Este sindicato ha criticado lo que consideran “hipocresía” del representante del Gobierno en Madrid. “Cuando hay que garantizar que se cumpla una resolución judicial, los policías son necesarios; cuando surgen imágenes polémicas y sesgadas, ciertos responsables políticos parecen querer desentenderse del dispositivo y señalar a los agentes», han expuesto.
Tal como es común en este tipo de polémicas, los sindicatos han recordado que el delegado del Gobierno se establece como la autoridad política supervisora del dispositivo, en dependencia funcional del Ministerio del Interior.
Por lo tanto, Jupol ha exigido que cualquier acción concreta que pueda ser objeto de investigación por el desahucio de Maricarmen se analice “con todas las garantías”, enfatizando que se debe evaluar el dispositivo en su conjunto y no solamente basarse en imágenes de una sola parte que han sido editadas y distorsionadas.
“Es esencial tener en cuenta la situación existente, las órdenes impartidas y las circunstancias que provocaron cada intervención, y no simplemente basarse en imágenes aisladas”, han enfatizado.
