El Pleno del Congreso ha rechazado, este jueves, la proposición no de ley presentada por Vox que exige el cumplimiento del acuerdo con Marruecos sobre el retorno de menores migrantes. El Partido Popular (PP) apoyó la iniciativa, mientras el resto de los grupos parlamentarios se manifestaron en contra.
La Cámara Baja debatió la iniciativa el martes pasado. En su defensa, la diputada de Vox, Blanca Armario, afirmó que España no tiene «ningún deber moral» de acoger a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta, tras la entrada masiva de extranjeros en julio. «Marruecos tiene capacidad suficiente y adecuada. Así que es ilegal de todos los efectos repartirlos en beneficio de ONG por todo el territorio español», afirmó.
Armario recordó que Marruecos es considerado un país «seguro» por la Unión Europea y subrayó que el «verdadero» interés superior del menor es regresar con sus familias. «Cuanto más los repartan, más los alejan ustedes de sus familias», advirtió.
En concreto, Vox pide cumplir el acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la «emigración ilegal» de menores no acompañados, facilitando así el retorno de todos a sus países de origen, así como la reunificación familiar en sus lugares de origen.
Además, solicita paralizar «de forma inmediata» cualquier reparto de menores extranjeros no acompañados por el territorio nacional y se opone al traslado de aquellos que permanecen en Ceuta, mientras no se hayan concluido las pruebas de determinación de edad y los correspondientes expedientes individualizados de devolución.
Respuestas en el Pleno
Durante el turno de portavoces, la diputada socialista María Carmen Castilla rechazó la proposición de ley de Vox, argumentando que busca aprovechar la infancia para fomentar la «política del miedo». Asimismo, equiparó la postura de la formación de Santiago Abascal con la del PP, acusando a ambos de crear un «eje del cinismo» para competir por «la ocurrencia más disparatada».
Castilla también criticó que el texto contenga «falsedades» y un «desconocimiento del ordenamiento jurídico español y europeo», advirtiendo que la propuesta no busca resolver la situación de la ciudad autónoma, sino obtener rédito político. «El acuerdo no es un botón de devolver a todos,» afirmó, subrayando que «no es una ventanilla única».
En cambio, la diputada Ana Alós, del PP, enfatizó que la situación de los menores extranjeros en Ceuta no se resuelve simplemente distribuyéndolos por las comunidades autónomas «como si fueran maletas». «El problema se agrava, pues avala que los menores puedan ser utilizados como arma de presión en las fronteras», agregó. Además, defendió que la obligación de protección de estos menores es de Marruecos y que «se le debe exigir».
Asimismo, cuestionó: «¿Dónde está la exigencia de Marruecos para que cumpla el acuerdo? Señorías del PSOE, ¿qué le deben? ¿Qué temen de Marruecos para semejante sumisión? Porque la obligación de su Gobierno es defender los intereses de España, no los de Marruecos».
La crítica de Sumar al enfoque de Vox
Desde Sumar, Nahuel González calificó la proposición de Vox como «racista» y aseguró que «no soluciona nada». Según González, «lo único que hace es rechazar la única salida inmediata, realista y humana». Se dirigió también al diputado de Vox José María Figaredo, quien llamó a «cazar» migrantes tras la entrada masiva a Ceuta. «Usted pidió cazar a personas, a niños, uno a uno. Y hoy ya es una realidad. Hay niños perseguidos y agredidos en las calles de Ceuta», afirmó.
La diputada del PNV, Nerea Rentería, expresó su sorpresa ante la proposición de Vox, indicando que es «difícil entender» que presenten esta iniciativa como una forma de colaborar con Ceuta, al pedir la repatriación de todos los menores, pero oponerse a su traslado a la Península mientras se resuelven sus expedientes.
Por su parte, Cristina Valido, de Coalición Canaria, describió uno de los puntos de la iniciativa de Vox relativo al acuerdo con Marruecos como «un brindis al sol», mientras que el segundo, sobre el rechazo al reparto de los menores, es un «desprecio absoluto» a los territorios de la frontera sur.
Finalmente, Alberto Catalán, de UPN, explicó que los menores migrantes son un «negocio» para el Gobierno marroquí y cuestionó: «Si desprecian los cadáveres de sus muertos, ¿qué no van a hacer con los vivos?». También añadió que «las leyes están para ser cumplidas y si no, se modifican».
