MADRID, 21 de mayo. Los gobiernos de todas las comunidades autónomas, reunidos este jueves en la conferencia sectorial de vivienda, han aceptado la propuesta de reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda. Esto les permitirá recibir los importes en los próximos meses y comenzar las actuaciones durante el segundo semestre del año.
Así lo ha confirmado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana al finalizar la conferencia sectorial, que culminó con una unanimidad ya prevista por la ministra Isabel Rodríguez, tras las declaraciones de los representantes autonómicos.
Desde el Ministerio consideran que el plan es un acuerdo «importante» por su contenido, pero también «por el poderoso mensaje que lanza a la ciudadanía», ya que diferentes administraciones han decidido «remar juntas».
En declaraciones a los medios antes de su participación en la conferencia, Rodríguez ha manifestado que este acuerdo supone una buena noticia «sobre todo para la ciudadanía» que lo está esperando, junto a propuestas «eficaces que den certezas y seguridad a lo que hoy es su principal inquietud».
«Han sido muchos meses de trabajo y diálogo», ha indicado Rodríguez, quien ha puesto en valor que el plan ha contado con la participación no solo de las administraciones públicas, sino también de la sociedad y los agentes del sector, recibiendo hasta 400 propuestas de entidades sociales.
La ministra ha resaltado que el plan acordado destina el 40% del presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, una cuestión que demuestra que «cuando se quiere y se trabaja en ello, es posible alcanzar acuerdos entre distintas administraciones».
Asimismo, ha descartado que el reparto de los fondos se vea afectado por los diferentes procesos electorales que se han celebrado, o en caso de adelantarse los comicios en el Gobierno central. Así, las comunidades autónomas que acepten el acuerdo este jueves podrían recibir los fondos para el mes de julio.
Desde el departamento ministerial, se espera que este acuerdo «marque un punto de inflexión» que fomente la colaboración leal entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Vivienda, para implementar todas las medidas de la Ley de Vivienda que sirvan para reducir los precios del alquiler y «frenar la especulación».
El plan cuenta con un presupuesto de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y protege las viviendas públicas de manera permanente.
La propuesta del Ministerio mantiene los criterios de reparto utilizados en el anterior Plan Estatal. Aparte del 40% destinado a vivienda protegida, el plan asigna otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda existente mediante ayudas específicas, y el 30% restante se destinará a apoyos para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
Además, el plan introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de modo que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del mismo tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Esto supone que las autonomías tendrán que realizar un esfuerzo mayor que en los anteriores planes, donde aportaban el 25% y el resto lo asumía el Estado.
No a la Especulación con Vivienda Pública
Este plan nace bajo el «paraguas» de la Ley por el Derecho a la Vivienda y persigue tres objetivos: construir, rehabilitar y proteger.
Para ello, el Gobierno garantiza que la vivienda pública y protegida no podrá ser objeto de especulación, condicionando la financiación de viviendas a que estas sirvan siempre al interés general. Se incorpora la cláusula antifraude en las adjudicaciones y se ofrecerán datos públicos sobre el mercado de la vivienda, para que no provengan de «portales privados con intereses privados».
Además, en un ejercicio de gobernanza participativa, el Consejo Asesor de Vivienda evaluará anualmente el cumplimiento de este plan.
Asimismo, según indicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el plan también ejercerá una labor fiscalizadora sobre todas las administraciones, asegurando que el Ejecutivo central mantenga el control del desarrollo de las viviendas financiadas con fondos públicos a través de la creación de canales de transparencia y acción semestrales para el seguimiento.
Esfuerzo por Comunidades Autónomas
En términos absolutos, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, alcanzando los 1.197 millones de euros, lo que representa un incremento de 877 millones respecto al plan anterior. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones) y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones).
Por su parte, Castilla y León contará con 378 millones de euros del presupuesto, tras sumar 277 millones adicionales; mientras que Canarias alcanzará los 371 millones (+272 millones). Galicia dispondrá de 399 millones, con un aumento de 293 millones; mientras que Castilla-La Mancha recibirá 280 millones (+205 millones).
A la Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón, 266 millones (+195 millones); Islas Baleares, 168 millones (+123 millones); y Asturias, 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia recibirá 308 millones, lo que supone un incremento de 258 millones.
A Cantabria le corresponderán 133 millones (+98 millones); a Extremadura, 210 millones (+154 millones); y a La Rioja, 266 millones (+195 millones).
Respecto a las ciudades autónomas, Ceuta contará con una dotación de 7 millones de euros, lo que representa un aumento de 4,7 millones, mientras que Melilla dispondrá también de 7 millones, con un incremento de 2,8 millones respecto al periodo anterior.
