La guerra en Irán y su impacto en los precios de la energía y los carburantes han llevado a las comunidades autónomas de España a activar paquetes propios de respuesta económica que superan ya los 2.300 millones de euros. Estas iniciativas están enfocadas principalmente en apoyar a empresas, autónomos y sectores productivos que se encuentran especialmente expuestos al aumento de los costes energéticos.
Estas actuaciones se desarrollan en paralelo al plan estatal aprobado por el Gobierno, que incluye 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros para contener los efectos de la crisis derivada de la escalada del conflicto en Oriente Medio. Este contexto está marcado por la incertidumbre sobre la duración del conflicto y su impacto en los mercados internacionales.
Con el plan de respuesta estatal, los profesionales del transporte por carretera, agricultores, ganaderos y pescadores de toda España recibirán un descuento de 0,20 euros por cada litro de combustible que reposten en sus vehículos hasta el 30 de junio. La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales en el País Vasco y Navarra y, por ahora, será aplicable hasta el próximo 30 de junio.
El Ministerio de Hacienda espera que estas ayudas se comiencen a pagar en abril, siendo la devolución por gasóleo agrario un proceso a ejercicio vencido, mientras que la del gasóleo profesional se pagará mensualmente. Por el momento, más de la mitad de las comunidades autónomas ha anunciado iniciativas específicas para amortiguar la presión sobre la actividad industrial, el transporte y el tejido empresarial.
El País Vasco concentra el mayor esfuerzo presupuestario
Entre las comunidades con mayor volumen económico destacan el País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León, que han articulado planes para reforzar la liquidez empresarial, sostener el empleo y proteger sectores vulnerables al encarecimiento energético.
El mayor paquete corresponde al País Vasco, con 1.047 millones de euros destinados a conformar un «escudo industrial» orientado a la protección del empleo, el apoyo financiero a pymes y el refuerzo de la autonomía energética. Cataluña, por su parte, prevé movilizar 400 millones de euros para proteger el poder adquisitivo de las familias y garantizar la continuidad de la actividad económica en los sectores más afectados.
La Comunidad Valenciana ha anunciado más de 300 millones de euros en medidas dirigidas a la empresa, que incluyen una línea de créditos bonificados de 100 millones y ayudas específicas para sectores como transporte, logística y pesca. Castilla y León ha aprobado un paquete cercano a los 170 millones de euros, articulado en 28 medidas, de las cuales 25 son de carácter autonómico, destinadas a apoyar la actividad económica y el empleo.
Además, Galicia planea un paquete superior a los 150 millones de euros para apoyar a los sectores más afectados, sumándose a los 120,6 millones que, según cálculos de la Xunta, dejarán de ingresar las arcas autonómicas debido a las medidas anticrisis estatales. En el caso de Baleares, se destinarán cerca de 161 millones de euros a ayudas directas, líneas de crédito y medidas estructurales para sectores estratégicos como el transporte, la industria, el comercio y la agricultura.
También, Navarra ha aprobado un decreto foral legislativo de armonización tributaria, con medidas fiscales dirigidas a paliar los efectos del conflicto, incluyendo la rebaja del IVA del 21 % al 10 % en combustibles, electricidad y gas hasta el 30 de junio, lo que supondrá un ahorro fiscal superior a 37 millones de euros para los contribuyentes navarros.
Canarias ha aprobado medidas por valor de 29,8 millones de euros para un periodo inicial de cien días, ampliables hasta 60 millones si la situación se prolonga. Por último, Murcia ha movilizado un primer paquete de 11 medidas presupuestadas en 10 millones de euros, específicamente dirigidas a sectores afectados por el alza de precios en carburantes y electricidad.
Territorios aún sin planes propios
Por el contrario, tanto la Comunidad de Madrid como Asturias no han concretado nuevas iniciativas hasta el momento, aunque han indicado que analizarán la evolución de las necesidades de los sectores afectados. En el caso del Principado, el Ejecutivo autonómico está considerando la adopción de medidas fiscales si el impacto económico del conflicto se intensifica.
Además, el Gobierno de La Rioja se encuentra en «fase de análisis» de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, con la intención de evaluar su repercusión sobre la economía regional antes de tomar decisiones adicionales. En Cantabria, se ha descartado la aprobación de actuaciones propias, limitándose a evaluar si es necesario complementar las medidas estatales.
A esta situación se suman Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Andalucía, donde hasta ahora no se han anunciado paquetes autonómicos específicos relacionados directamente con el impacto del conflicto en Irán.
Ceuta y Melilla sin rebajas fiscales
Finalmente, el plan de ayudas estatal ha dejado fuera a Ceuta y Melilla, donde estas ciudades autónomas no contarán, por el momento, con iniciativas para mitigar los efectos de la guerra en Irán. Esta exclusión se debe a la aplicación del régimen impositivo especial en estas ciudades, lo que impide que sus ciudadanos se beneficien de las rebajas fiscales que se aplican en el resto del país.
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